Sin duda, el mercado es un mecanismo eficiente en la asignación o utilización de los recursos escasos disponibles en la economía, así como en la distribución de los bienes y servicios producidos en la actividad económica.
Ahora bien, de forma demasiado frecuente, se olvida que determinados bienes y servicios esenciales o completamente necesarios no pueden dejarse al arbitrio del mecanismo del mercado. En la propia teoría económica está recogida y explicada la necesidad de la intervención o regulación del mercado por parte de la autoridad en dichos casos. Así es defendido y justificado por multitud de prestigiosos hacendistas, en la teoría de los Bienes Sociales (Musgrave, Samuelson y otros)
En la crisis sanitaria que estamos sufriendo, claramente, esa necesidad está quedando de manifiesto.
La fundación Civio, una organización sin ánimo de lucro que lucha contra la opacidad en las administraciones públicas y a favor de la rendición de cuentas, acaba de publicar un estudio respecto a los precios de las mascarillas, geles hidroalcohólicos, test PCR, etc.
Por citar algunos ejemplos: las mascarillas FFP2 pasaron de un precio de 0.25 euros hasta un precio de 8,00 euros por unidad; los test de antígenos de un precio de 4,50 euros, han llegado a alcanzar la cifra de 21,50 euros; los geles hidroalcohólicos de 1,72 euros el litro a un precio de 40,00 euros el litro; etc.
Mención especial merecen las vacunas. Recientemente se ha publicado que las Administraciones Públicas han gastado en todo el mundo alrededor de 80.000 millones de dólares en la investigación (la inversión privada es desconocida ya que no existe transparencia al respecto). Hay que celebrar el tremendo esfuerzo económico que, afortunadamente, ha dado sus frutos en un corto espacio de tiempo.
Ahora bien, lo que no es de recibo es que la industria farmacéutica esté aplicando precios distintos en cada país o área geográfica –lo que llamamos en la teoría microeconómica “discriminación de precios”- restringiendo la entrega a determinadas zonas donde las venden a un precio menor en el mercado. Evidentemente, está buscando de esa forma incrementar notoriamente sus beneficios.
Según las estadísticas más recientes que maneja la OMS (Organización Mundial de la Salud), más de dos millones de personas ya han fallecido a causa de la Covid en el mundo y el número de afectados superará la cifra de cien millones. Una emergencia grave y trascendente para la comunidad internacional. De momento, los medios para atajarla pasan por las medidas sanitarias y sobre todo por la aplicación de las vacunas que han conseguido elaborar los laboratorios farmacéuticos.
Cualquier maniobra especulativa que ponga en riesgo a gran parte de la humanidad, privándola de la posibilidad de acceder a las dosis necesarias para inmunizarse, merece el repudio moral y ético de todos los ciudadanos. El enérgico rechazo de estas prácticas se refuerza por el hecho de que los avances en la investigación han sido posibles gracias a la inversión de fondos públicos como he señalado.
La especulación con el precio de las vacunas, ofreciéndoselas al mejor postor, es una realidad obscena que las propias empresas farmacéuticas no niegan, sino que, al contrario, tratan de justificar invocando las llamadas “leyes del mercado”. Para colmo, gran parte de los medios informativos y muchos gobiernos y partidos políticos utilizan este repulsivo mercadeo como munición política para desgastar al adversario.
En ese sentido, bastantes lectores argumentarán que es como consecuencia del aumento de la demanda. Pero me gustaría en este caso llamar al hecho por su nombre, que no es otro que una enorme especulación que ha dado lugar a un aumento considerable de los beneficios para los que la han practicado.
Soy un afortunado, ya que tengo la suerte de disfrutar con la teoría y análisis económico, pero me parece vergonzoso que se tenga como normal y se justifique lo ocurrido con este tipo de bienes tan necesarios para la salud y el bienestar de las personas.
En las economías de mercado se deja en manos de la iniciativa privada el suministro y satisfacción de aquellos bienes y servicios que integran las necesidades humanas. Pues bien, pocas son tan realmente necesarias como la salud y el bienestar de las personas.
Las empresas farmacéuticas, o las comercializadoras de este tipo de bienes y servicios, no pueden manejar la distribución de los mismos como si se tratase de cualquier otro producto de consumo. Como señala un prestigioso juez del Supremo, las únicas leyes admisibles en una sociedad democrática son aquellas que emanan de la soberanía popular representada por los respectivos poderes legislativos. Las “leyes del mercado”, al margen de la soberanía popular, deben ser cuestionadas en cualquier sociedad democrática que respete los valores y principios que se recogen en sus constituciones.
Si no se actúa enérgicamente para atajar estos desmanes, los políticos deben reconocer que están traicionando los deberes y obligaciones que les ha encomendado el pueblo. Las instituciones democráticas se convierten en una mera fachada y en un instrumento ineficaz para conseguir la defensa de los intereses generales que, en este caso, van más allá de los límites territoriales de un Estado y afectan a toda la humanidad, sobre todo a aquellas personas que son más vulnerables, física y económicamente.
De ahí que grandes juristas estén reclamando que, en las circunstancias actuales, se explore la posibilidad de evaluar si la especulación, en particular con las vacunas, pueda incluirse en la categoría de “crímenes contra la humanidad”.
Pero es que incluso, en un sentido puramente económico, cada paciente ingresado por Covid-19 viene costando alrededor de 18.700 euros a la sanidad pública. ¿no hubiera sido mejor, no sólo sanitariamente sino económicamente, distribuir mascarillas masivamente a la población de forma gratuita, sobre todo a los sectores menos pudientes y de mayor riesgo?
Respecto a las patentes, la OMS ha rechazado la liberación de las patentes de las vacunas, (propuesta inicialmente por Sudáfrica e India) poniendo de relieve que el consenso entre los países sobre este tema está muy lejos de alcanzarse. Sin duda, la aprobación de esa medida abarataría las vacunas y facilitaría su provisión en las economías más pobres.
Es preciso que las autoridades en las economías de mercado, sin dejar de serlo, tengan un papel mucho más activo garantizando el suministro de estos bienes y servicios que son necesidades humanas reales, y no otras, quizá, ficticias que son consideradas como tales.
Los ciudadanos debemos exigir ese papel a los responsables públicos.
Juan José Pintado es profesor de Economía de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, y del CEF.- Centro de Estudios Financieros
