Cuando escuchas hablar de los problemas por los que están pasando las empresas y autónomos españoles y todas las soluciones novedosas que proponen desde el gobierno e instituciones, te preguntas ¿Y por qué no empezar por algo simple y rápido?
Uno de los mayores problemas que tenemos las PYMES a la hora de continuar con la actividad productiva es que no sabes cuándo te va a pagar tu cliente. Supuestamente la Ley de Pagos establece que desde el 1 de Enero de 2013 los pagos a proveedores no pueden superar los 60 días. ¿Creéis que alguien lo está cumpliendo?
Supongo que habrá muchas empresas que pagan religiosamente a sus proveedores a no más de 60 días, pero en la realidad que nosotros vivimos (no en nuestra agencia de viajes, sino en una empresa de alquiler de maquinaria), el cobro de las facturas a 60 días es una utopía.
Igual os pensaréis que nuestros clientes son empresas pequeñas, que por supuesto muchos de nuestros clientes son empresas de pequeño y mediano tamaño, gracias a las cuales puedes trabajar cómodamente porque te intentan pagar a 60 días.
¿Y Quiénes son los que no están cumpliendo la normativa? Pues como es de esperar, la mayoría de las grandes empresas (mejor no hablo de las administraciones). Bueno, no es cierto, te envían el pagaré a 182 días y a partir de entonces empiezan a contar 60 días (esto si que es cumplir la norma ya que el pago es a 60 días, aunque empiecen a contar un poco tarde). ¿Qué podemos hacer nosotros contra esta práctica? Básicamente nada ya que o aceptas esta política o te quedas con los brazos cruzados.
De entre las empresas grandes que realizan este tipo de actividades, se encuentran empresas del IBEX y otras grandes que por supuestos no voy a nombrar por motivos lógicos.
Realmente el modo de operar de las empresas españolas es el mismo desde hace muchos años y una de sus principales consecuencias para las PYMES es que cuando un cliente tuyo entra en Concurso de Acreedores, al recibir los pagos a más de 180 días, el impago que te meten es mucho mayor.
Desde mi punto de vista, si el estado controlara este tipo de actividades y pusiera una ley, pero una ley que la empiecen cumpliendo las grandes constructoras y empresas industriales, el futuro de muchas empresas estaría algo más despejado.
Puede que una propuesta así diera más frutos que miles de iniciativas que oyes y nunca se desarrollan.
