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El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha reclamado “rigor” a la hora de establecer los presupuestos. Durante el desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, el líder de la patronal considera que los ingresos esperados son “muy optimistas” y advierte de que en 2023 tocará pagar la minuta. También ha apostado por el diálogo social y evitar la "radicalidad".
Como ha señalado, ahora mismo no vamos “ni como un cohete ni tampoco fatal”. Pero le preocupa que, si tanto el Banco de España como la AEDAF hablan de un crecimiento del 5,5%, plantear los presupuestos con un cálculo de 6,7%, “algún problema tenemos”. Según ha explicado, lo que quieren es que el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado se trabaje “con rigor”.
Porque si no se hace bien esto no irá “para arriba”. No podemos olvidar que la deuda se ha disparado, aunque sea por un motivo coyuntural (casi un 123%). Y además la inflación nos dará algún susto, “si no lo ha hecho ya”, anotaba Garamendi. “Nos preocupa no trabajar en un déficit menor del 2%, que es lo que nos pedían antes de la crisis, y Europa nos lo va a recordar para el año 2023. Ahora admite el 5,5% (60-90mil millones que habrá que pagar)”, pero el año siguiente no será así, ha reflexionado el presidente de la CEOE.
También ha repasado algunos de los grandes obstáculos que deben superarse usando los fondos europeos con cabeza, como la temporalidad laboral o el desempleo juvenil. Como ha dicho Garamendi, los Next Generation son como un segundo Plan Marshall, sí, “pero si se explican mal van a crear mucha frustración”. Los 140 millones se van a destinar a concursos públicos, licitaciones…para mejora la Administración, infraestructuras…
Es buena noticia, ha insistido, pero hay que vigilar que esos fondos tengan un destino de “crecimiento para España”. Que vayan a los llamados PERTES (Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación). Por ejemplo, el sector del automóvil, que también implicaría a las industrias auxiliares: fabricación de baterías (en Francia ya han empezado). Y el sector digital, porque “no se habla de fabricar coches, sino de movilidad”, ha señalado.
Por ello ha recordado que los fondos van acompañados de normas, tan importantes o más que la ayuda en sí misma. Para él la clave está en la proporción de la inversión en España: “De cada cinco euros, cuatro son privados”. Eso significa que en el plan de cambio energético y tecnológico para 2030 (250.000 millones), el 80% es inversión privada.
Por ello ha recalcado en más de una ocasión la triple demanda de reformas que den “seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma”. Con esas garantías el dinero de fuera vendrá, porque eso es lo que necesitan las empresas y fondos internacionales, que compran la mitad de la deuda e invierten en España.
Por otro lado, Garamendi ha hablado sobre la reforma laboral y ha dejado claro que no tienen líneas rojas. “Estamos acostumbrados a negociar hasta que nos agota”. En su opinión, más que entrar en la ‘pelea’ Díaz-Calviño, lo que interesa es centrarse en la temporalidad, “que es lo que está tratando ahora Europa”. Y también el desempleo juvenil, donde España “tiene un problema”.
¿Cuál es el problema? La formación. Hay muchos sectores como la construcción o la fontanería, “bien pagados”, en los que “falta gente”, ha valorado. La cuestión pasa, como era de esperar, por apuntalar la educación y la formación profesional, donde estamos “muy por debajo del nivel europeo” (no así en la universidad). Como ha avanzado el de la CEOE: “La ley no crea empleos, habrá que hablar de educación (formación dual, continua…).
“Eso está en empleo: 1.800 millones en las que no vamos las empresas. La Fundae hace muchos años, no sólo con este Gobierno, que no funciona”, ha abundado Garamendi. Y ha matizado que, si hablamos de temporalidades, en el sector privado es del 22%, y en el sector público del 30%; “que quede claro”.
Además, ha negado que la patronal tenga derecho de veto. “Ojalá”, ha dicho. "Se ha demostrado con el salario mínimo". "Somos libres e independientes para decir que no estamos de acuerdo. Es parte de la libertad que tenemos, con sentido de Estado, para hablar por nuestro país, aunque nos podamos equivocar", ha defendido.
Por último, ha hecho una referencia al diálogo social como "la mejor infraestructura que tenemos", y que permitirá la "paz social". Según lo ve él, tienen "muchas dificultades a veces para llegar a acuerdos. Y tenemos que abstraernos de la radicalidad que nos invade muchas veces a nivel político".
