(De izda. a dcha.) Gregorio Gil de Rozas, Ángel Martínez-Aldama y el periodista de Invertia, Eduardo Ortega, en el Observatorio de las Finanzas.
La rueda de las pensiones sigue girando hacia el precipicio. La pandemia es sólo un paréntesis. El debate para reformar el sistema público de pensiones llega a España con 30 años de retraso. Y con su propio déficit estructural. A ello añadimos la progresiva jubilación de una población envejecida y un modelo que otorga por encima de sus posibilidades. Ya vamos tarde para hacerlo sostenible, desarrollando tanto el empresarial como el individual.
Varios expertos han debatido este miércoles sobre este acuciante desmoronamiento de una de las vigas maestras del sistema de bienestar. Lo han hecho dentro del programa del Observatorio de las Finanzas planteado por El Español e Invertia hasta el 25 de marzo. Apuntalar el sistema público (con mecanismos automáticos de ajuste), desarrollar el pilar empresarial, y aportar información transparente al ciudadano para que pueda planificar, son algunas de las claves que han salido a la palestra. Eso e incentivar el ahorro.
Algo que ya se ha "cercenado", ha comentado Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco. Primero porque se han reducido los beneficios fiscales para planes de pensiones individuales (de 8.000 a 2.000 euros anuales). Y segundo porque en España ahorramos a golpe de ladrillo, pero el legislador (como en el resto de la OCDE) "opta por privilegiar el tratamiento fiscal los productos de liquidez -a corto plazo- y enfocados a la jubilación".
Es la parte "negativa" de los presupuestos, ha dicho. La buena, aunque lenta, es el proyecto de ley para impulsar una promoción pública de fondos de pensiones de empleo de gestión privada. "Es urgente" aprobarla para que aporte una fuente a los autónomos y todos aquellos sin plan de pensiones de empleo: "la mayoría". Un modelo con incentivos fiscales para empresas y "abierto" a la competitividad de las gestoras, "no al oligopolio".
Lo que está claro es que hay que preservar el sistema público de pensiones. Antes que nada atacando el déficit estructural que en 2009 equivalía al 1,5% del PIB (unos 1.000 euros por cotizante al año). Pero cada vez vivimos más y la tasa de dependencia "se va a duplicar", ha convenido Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA.
(de izda. a dcha.) Gil de Rozas, Martínez-Aldama, Ortega, Doménech y De la Fuente.
Si queremos hacer sostenible un modelo que recauda de cada vez menos personas que a las que reparte ese dinero, hay que salvarlo con los demás pilares. Tenemos un tejido productivo "atomizado" y una educación financiera "escasa", que a juicio de Doménech explican el pobre desarrollo de los otros dos esquemas. Y si no se potencian dispararán ese 1,5% de déficit "a un 6% del PIB en los próximos 25-30 años", ha advertido. Prácticamente lo que recauda el Estado con el IVA en todo un año.
"Nos preocupa que la solución política que se plantea no es muy realista", apunta Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea. "Si se opta por desactivar la reforma del 13", y no se reduce el crecimiento del gasto, en los próximos 50 años el Estado tendría que aportar a la Seguridad Social "entre un tercio y la mitad de los ingresos tributarios del Estado" para mantener las prestaciones. "Las pensiones se van a comer todos los recursos fiscales en las próximas décadas: no habrá sitio para nada más", ha clamado.
En definitiva, se trata de hacer sostenible el pilar de reparto público desarrollando los otros dos. En este sentido el director de Fedea ha valorado dos opciones para reducir ese ratio entre la pensión media y el salario medio. O limitamos la indexación a las pensiones más altas o subimos las cotizaciones (si queremos mantener las mismas pensiones). Pero también influye cómo se gestiona la "función actuarial", ha dicho Gregorio Gil de Rozas.
Actualmente miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Actuarios Españoles -IAE- (y expresidente de esta), ha recordado las diferencias entre el modelo anglosajón (con un organismo independiente del Gobierno), el integrado (semiindependiente) y el español. Aunque el nuestro reside principalmente en la SS, también intervienen el INE, el Ministerio de Economía... Es decir: "la función actuarial está más difuminada", sostiene.
Para Gil de Rozas hay que apostar por mecanismos de autorregulación desde el punto de vista de la SS, "entre otras cosas, para sacarlo del debate político". Para acabar con ese déficit actuarial Suecia es un buen ejemplo a seguir. Tienen un sistema de reparto de cuentas individuales "que ya incluye esos automatismos que lo blindan frente a cambios demográficos o productivos", ha defendido Doménech.
Además, todos los ciudadanos suecos reciben anualmente una proyección de lo que van a recibir al ritmo de cotización cuando lleguen a jubilarse. Y cómo varía en función de cuándo se jubilen, ha explicado Doménech. Si aguantas más recibirás más. Algo que Martínez ha criticado duramente en relación con España: "Falta información. Hay una ley de 2011 que exige al Gobierno remitir a los ciudadanos información sobre la pensión estimada".
"Suecia nos saca tres décadas de ventaja", ha valorado Doménch. Ciertamente, tener una estimación de lo que el sistema nos podrá ofrecer de aquí a cuando nos jubilemos es una herramienta "de educación", ha coincidido De la Fuente. Y "eliminaría incertidumbres sobre la viabilidad del sistema de pensiones". No obstante, De la Fuente ha reflexionado que el modelo sueco de cuentas nacionales, "el mejor que hay, tampoco es milagroso. No resuelve la sostenibilidad". Es más fácil ajustarlo así, "pero el problema no desaparece".
Por otro lado, sí parece evidente que cualquier medida que vaya a reducir el ahorro a largo plazo "es un error". El segundo pilar tiene que desarrollarse: "bienvenidos al debate después de 30 años", ha dicho el de Fedea. "Pero no desarrollarlo destruyendo el tercero".
La idea es "diversificar riesgos" en un país que apuesta al ladrillo y depende muchos de inversores extranjeros. Desarrollar la educación del ahorro a largo plazo "debe ser un objetivo estratégico" si queremos aspirar a tener dos pensiones. Una del sistema público de reparto y otra del sistema de capitalización. "Es la práctica en dos de cada tres países en la OCDE", ha defendido De la Fuente.
