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Dice el refrán que "cuando el río suena, agua lleva". Pues bien, el envejecimiento de la población española lleva años atronando mientras baja por el cauce de nuestro sistema de bienestar. Ya se veía que sería un problema antes o después. La COVID19 únicamente le ha dado un empujoncito más. Le hemos visto las orejas al lobo cuando la economía se ha visto ante un escollo sin precedentes. Por ello el debate también debe ser más profundo y superar el clásico sistema de pensiones. Hay que revisar la jubilación en sí misma.
Así lo entendió ya hace muchos meses el Consejo General de Economistas de España (CGE) cuando preparó, antes de la pandemia, el estudio para abordar el "reto del envejecimiento". Presentado este jueves, el informe trata de hacer honor a su nombre y expone diferentes medidas para solventar este problema desde una perspectiva "integral". Sólo así se conseguirán reformas a largo plazo, como ha señalado el presidente del consejo, Valentín Pich: "las aproximaciones parciales generan resultados parciales".
"¿Cómo abordar el envejecimiento con personas que viven cada vez más años, pero con la última parte de su vida en situación de dependencia incluso grave o severa y que además vive cada vez más sola?", plantean los economistas en el informe.
Para lograr resultados que perduren la colaboración público-privada es clave. Afrontar los diversos problemas que trae esta tendencia sociológica implica, por tanto, adoptar una estrategia doble: coordinación de las políticas económicas y sociales con la gestión de las decisiones de familias y empresas. Todo ello en base a cuatro variables de control: ahorro, stock de capital, productividad y “cuña fiscal”.
Entre las principales medidas que plantean los economistas, destaca la idea de potenciar la llamada "jubilación activa". Se trata de eliminar barreras a la jubilación habilitando por ejemplo acceder a ella antes de la edad legal establecida. A cambio se haría por menos del 100% de la base reguladora. Por otro lado, el CGE ve conveniente "desincentivar el retiro temprano" (basado en prejubilaciones, bajas incentivadas o ERE).
Esto permitiría "cerrar el gap" de 1,3 años de la edad "efectiva" de jubilación española frente a la media de la eurozona, señalan. Además, no hay que olvidar que según la OMS los españoles prácticamente lideramos el ranking de esperanza de vida sana de los países europeos (unos 73,8 años). Lo que nos dejaría unos 10 años más de vida (hasta los 83) que tendremos que pasar de forma dependiente (bien por enfermedades o invalidez).
A ello hay que añadir el hecho de que en España hay más de 2 millones de personas de más de 65 años que viven solas (el 22,5% de esa franja de edad). Proporción que aumenta en el caso de los mayores de 80 años, con 900.000 personas (el 31,03%). Esto generará un "compromiso financiero" del 24,6% del PIB de aquí a 2030, insisten. Así, estamos obligados a crear "colchones anticíclicos" que cubran los excesos de gasto en cada momento del ciclo económico sin recurrir a una "dinámica acelerada de endeudamiento".
Por otra parte, el coordinador del estudio Javier Santacruz, ha comentado algunas cifras que dan más pistas de dónde hay que actuar. Concretamente hay dos que, además, ponen de manifiesto las diferencias de España respecto a Europa. Primero, la dependencia en nuestro país está financiada con unos 184 euros menos per cápita que la media europea. El segundo es que nada menos que el 90% de los programas de salud y dependencia está sufragado con dinero público. Algo que no ocurre en los demás países.
Encima, ha valorado Santacruz, tendríamos que añadir el marco fiscal español tiende a "premiar relativamente al consumo y a `castigar´ relativamente al ahorro”. Por todo lo anterior, el economista ha citado algunas de las pautas que refleja el informe, como ciertas reformas en los mercados para incrementar la productividad de los factores. ¿Cómo? A través de la "transferencia del conocimiento" de mayores a jóvenes, y apostando por la digitalización y la automatización de procesos en las estructuras productivas.
O "rebajando la "cuña fiscal" en los trabajadores en edad laboral madura". Esa que retiene a cada empleado 3,65 de cada 10 euros de coste laboral bruto para pagar la Seguridad Social y el IRPF. O apostando por el ahorro con más productos y servicios de inversión, como fondos que invierten en función del ciclo vital planes de ahorro sistemático o seguros. O, incluso implantando "ambiciosos" sistemas de previsión social complementaria.
Es decir, reformar los costes de gestión financiera y combinar la contribución tanto a la Seguridad Social como a un plan de empleo. "Dado el impacto sobre la cotización patronal, es necesario que ésta tenga incentivos fiscales adicionales, así como no fiscales como aportaciones compensatorias públicas o subvenciones". Con independencia de la COVID19, debemos entender el envejecimiento de forma "integral", resumen los economistas.
