Por Redacción - Mar 4, 2021
España se sitúa entre los cuatro países europeos cuyas empresas son más proclives a poner en marcha iniciativas para favorecer el pronto pago, al mismo nivel que Noruega y Reino Unido (48%). Por encima de ellas, encabezando el ranking, se encuentran las compañías suizas, donde la mitad de ellas (50%) aplica estas medidas.
Un total de 8 de cada 10 empresas encuestadas por Intrum en España reconocen que los pagos a tiempo son claves para mantener la confianza de socios y proveedores. Sin embargo, el 90% de las pymes españolas ha recibido peticiones para alargar sus plazos de cobro en el último año.
Los retrasos en los pagos en el mundo empresarial están a la orden del día en tiempos de pandemia. Esta situación, junto a la demora en la reforma de la ley de lucha contra la morosidad, está llevando a las empresas españolas a un cambio de comportamiento con el objetivo de construir una cultura de pago sostenible que beneficie a todo el tejido productivo.
Prueba de ello es que, según apunta el Informe Europeo de Pagos de Intrum, casi la mitad de las empresas españolas (48%) ya cuenta con un código ético que fomente el pronto pago, 11 puntos por encima de la media europea (37%).
Otro cambio en el comportamiento del tejido empresarial se observa en la aplicación de los intereses de demora a las facturas impagadas. Se trata de un derecho recogido en la directiva europea antimorosidad por el que las empresas pueden aplicar un recargo de 40 euros a las facturas impagadas.
A pesar de que este derecho lleva varios años recogido en la directiva, tan solo el 5% de las empresas españolas aplicaba este recargo en 2019. Un año después, este porcentaje ha aumentado 23 puntos porcentuales, siendo el 28% de las compañías encuestadas las que reconocen hacer uso de este derecho, motivado, entre otras causas, por la crisis de la pandemia y el mayor conocimiento de la directiva europea.
Según revela el último Barómetro de la Pyme, desarrollado por Cepyme, la crisis desatada por la pandemia ha reducido los ingresos del 92% de las pequeñas y medianas empresas. Una caída que en el 40% de los casos ha sido de la mitad de sus ingresos.
Esta situación ha llevado a que 9 de cada 10 pymes españolas hayan recibido peticiones para alargar sus plazos de cobro en el último año. En concreto, el 79% de las solicitudes se realizaron desde una gran compañía, mientras que el 75% provenía de otra pequeña o mediana empresa y el 30% del sector público.
