Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, se mostró este martes contrario a prolongar mucho más tiempo el estado de alarma en las actuales condiciones y apostó por suavizar la situación mediante medidas que, sin citar las postuladas por el PP o VOX, aunque coincidentes, recoge ya el ordenamiento jurídico y constitucional.
En una entrevista concedida a El Economista, Garamendi lamentó que el esquema de fases, tal y como se ha planteado por el Gobierno, “despista bastante”, y aún más cuando se hacen, como ahora, “de media en media”.
A su juicio, lo ideal sería dejar la toma de decisiones en manos de las Comunidades Autónomas y, sobre todo, de los Ayuntamientos que, indicó, “tienen que entrar mucho más en acción”. “Normas generales para toda España no valen. El alcalde conoce mejor la realidad en cada caso”, espetó.
Para el presidente de los empresarios españoles, “llevamos demasiado tiempo en estado de excepción y estamos muy aburridos de los reales decretos”. En este punto, reivindicó que debería hablarse ya proyectos de ley, donde los agentes sociales, como el que representa, “tienen capacidad de influir, pero un real decreto es como un contrato de adhesión, o lo compras o lo dejas”.
Así, se mostró “en contra” de la prórroga de un mes más del estado de alarma, “porque hay leyes suficientes para que Sanidad siga marcando las normas, por lo que no entiendo que sigamos como ahora”.
Respecto de los ERTEs y su continuidad más allá del 30 de junio pactado hasta ahora, Antonio Garamendi afirmó que “si no hay hasta diciembre, está clarísimo que esto será un desastre”. Citó la situación del sector del automóvil, que, pese a estar abierto, y ahora también los concesionarios, sigue “a un 20 o 30%, e igual este sector necesita medidas de demanda, planes renoves, etc. porque hay que reactivar la economía urgentemente”, enfatizó.
Preguntado por la demora en el cobro por ERTE, indicó que en el SEPE ha habido un “colapso del sistema”, que ha impedido registrar la avalancha de peticiones, un problema que atribuyó por entero a la administración competente y de cuya responsabilidad excluyó por completo a los funcionarios. “Eso ha se retrasado de una forma importantísima, son más de 300.000 ERTEs y, mientras que las mutuas han resuelto rápido el millón de peticiones de autónomos, la eficiencia del sistema en SEPE ha sido mala”.
Por último, sobre los avales ICO, tras reconocer que “los primeros que entran al banquete son los que dan mejor garantía a la banca”, no menos cierto es, en su opinión, que “los avales son los que son y si en vez del 80% hubiera un sido del 90% habría sido más sencillo”.
“Los bancos”, explicó, “piden las condiciones que tienen que pedir, porque son también empresas. Tampoco se puede plantear que no me han dado un crédito, pero es que igual mi empresa ya iba mal antes del COVID19. Hay que ir a más, pues puede que los 100.000 millones se hayan quedado cortos”.
