Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
El Consejo de Ministros aprobó este martes un Real Decreto-ley con medidas tributarias para dotar de mayor flexibilidad a pymes y autónomos y mitigar así los efectos de la crisis del COVID-19 en estos colectivos fundamentales para la economía española.
Estas medidas refuerzan otras iniciativas aprobadas anteriormente por el Consejo de Ministros en favor de estos colectivos, como el aplazamiento del pago de impuestos seis meses con tres de carencia de intereses; la moratoria fiscal de abril al prolongar la presentación de las declaraciones tributarias que debían presentarse ese mes –IVA trimestral, pagos fraccionados de Sociedades o IRPF- hasta el 20 de mayo; o las líneas de créditos avaladas por el ICO de hasta 100.000 millones, que en gran parte van destinadas a pymes y autónomos.
El decreto aprobado permite que los autónomos que tributen por el sistema de módulos puedan cambiar y tributar por el sistema de estimación directa sin la exigencia de permanecer en ese sistema durante tres años. Es decir, podrán volver a tributar por módulos en 2021.
Asimismo, las pymes que calculan su pago fraccionado en función de los beneficios de ejercicios anteriores podrán cambiar de sistema y realizar el cálculo en función de los beneficios reales trimestrales. De esta forma, los efectos económicos de la pandemia quedarán mejor reflejados y permitirán reducir los pagos a cuenta.
Estas medidas de flexibilidad tributaria permiten que pymes y autónomos puedan mostrar mejor el impacto que la crisis del COVID-19 ha provocado en su actividad. De hecho, se estima que ambas medidas permitirán un ahorro de 1.100 millones a estos colectivos.
Además, para los autónomos que opten por mantenerse en el sistema de módulos, el decreto también contempla una medida que rebajará su factura fiscal. En concreto, se descontarán del cálculo de los pagos fraccionados del IRPF y de la declaración del régimen equivalente del IVA los días naturales bajo el estado de alarma. Es decir, se evitará que compute el impacto producido durante ese periodo excepcional.
Unas medidas que supondrán un ahorro estimado de 30 millones de euros en el primer trimestre y beneficiará a 362.000 contribuyentes en el caso de los pagos del IRPF y de 200.000 en los pagos del IVA.
El decreto también recoge medidas en el ámbito de la gestión tributaria con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. De esta forma, la normativa contempla que no se aplicará ningún recargo por el retraso en el pago de las deudas tributarias a las empresas que hayan solicitado un préstamo ICO avalado por el Estado relativo al COVID-19.
Con esta fórmula, el Gobierno quiere evitar que las empresas con problemas de tesorería sufran recargos. Una vez hayan recibido el préstamo ICO, la deuda deberá ser saldada con la Agencia Tributaria.
