Los economistas afirman que el aplazamiento de las cuotas de Seguridad Social no es lo bastante holgado para satisfacer las necesidades de las empresas y los autónomos. Además, los colegiados del Consejo General de Economistas acusan falta de claridad sobre las condiciones que deben cumplir las asociaciones para recibir la aplicación de la moratoria de sus pagos, que el Gobierno reduce a “excepcionales circunstancias”, según un comunicado difundido este miércoles.
Las medidas publicadas en el BOE para paliar la crisis económica provocada por el estado de alarma declarado el pasado 13 de marzo, no parecen satisfacer a uno de los órganos más influyentes del sector económico y empresarial de nuestro país. El Consejo General de Economistas, a través de su director Valentín Pich, ha reclamado falta de transparencia en las medidas comunicadas este martes por el Consejo de Ministros y expuestas en el Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo.
Los expertos han celebrado que el Ejecutivo haya decidido una moratoria de las tres próximas liquidaciones a la Seguridad Social y que estas medidas vayan dirigidas tanto a autónomos como a todo tipo de empresas. No obstante, han reprobado el lenguaje ambiguo sobre el que, consideran, se basa el decreto al contemplar el aplazamiento para las compañías y personas “solo atendiendo a excepcionales circunstancias”. Sin generalizar su amparo hacia todo el sector empresarial afectado por la crisis del coronavirus estos meses.
“Sería importante que, en un momento como el que estamos viviendo, el tejido empresarial recibiera un claro apoyo, incondicional y sin excepciones, lo que derivará en una mayor tranquilidad en los mercados”, ha afirmado Valentín Pich. “Sería deseable que se desarrolle la Orden Ministerial a la mayor brevedad y que se puedan acoger a la moratoria todas las empresas afectadas, en mayor o menor medida, por el COVID-19”.
Pich ha asegurado también que, según lo analizado por los economistas, la moratoria tampoco es lo suficientemente eficaz para satisfacer las necesidades de los autónomos y las pymes, puesto que únicamente se valora el aplazamiento o fraccionamiento de las tres cuotas siguientes de la Seguridad Social tomando el tipo de interés de demora al 0,5% en lugar de al 3,75% habitual. Según el director del Consejo General de Economistas, esta moratoria no es un cimiento lo bastante sólido para proteger a las empresas frente a la recesión venidera y a las dificultades acumuladas durante estos tiempos tan difíciles.
Sin embargo, los economistas han valorado positivamente otras medidas adoptadas por el Gobierno tales como extender la posibilidad de una moratoria de la deuda hipotecaria a inmuebles destinados a actividades económicas y profesionales o la formulación de las cuentas durante el estado de alarma, así como la verificación contable de las mismas dentro del plazo legalmente previsto o acogiéndose a la prórroga ya estipulada.
También han celebrado que se haya tenido en cuenta la petición del Consejo General de que el plazo de verificación contable sea válido para las auditorías voluntarias, ya que según el ICAC de 2018, en España el número de auditorías voluntarias es de 17.585 frente a 61.428 informes emitidos.
