Lorenzo Amor, durante el acto de presentación del Informe sobre Morosidad", este miércoles en la sede de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), en Madrid. |FOTOGRAFÍAS: Marta Peiro
“España se ha convertido en un paraíso del moroso: no pagar sale gratis. Nuestro país sigue liderando el ránking en Europa de países donde peor se paga a los proveedores. Estamos en 70 días y solo Grecia e Italia están por encima, siendo la media europea de menos de 30”. Así de contundente se mostró Lorenzo Amor este miércoles en la presentación del Informe sobre Morosidad en la sede de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) en Madrid.
Según el presidente de ATA, el informe “refleja que las administraciones y las empresas siguen financiándose a costa de sus proveedores”, incumpliendo el período medio de pago. Este, explicó, está establecido por la Ley en 60 días: 30 para convalidar las facturas y otros 30 para realizar el pago de la factura convalidada. Sin embargo, en nuestro país tanto administraciones como empresas no pagan a sus proveedores, según demuestra el estudio, hasta un plazo de 70 días, 10 más de lo determinado.
A pesar de esto, Amor reconoció que “la morosidad pública se ha reducido prácticamente a la mitad en los últimos 7 años”. Mientras las administraciones locales son las que más demoran el pago a sus proveedores, teniendo ellos que esperan 95 días para recibir el ingreso por los servicios prestados, la administración central ha reducido dicho plazo en 13 días en el último año, según el presidente de ATA. Concretamente, los proveedores esperan 55 días. A nivel autonómico las administraciones están “marcando un récord”, dijo Amor, en el período medio de pago: este se ha establecido en 45 días.
Este “récord” se traduce, analizó Amor, en que “solo 3 comunidades autónomas tienen un periodo medio de pago por encima de lo que se establece en la Ley”. Estas son Cantabria, que es la que más tarda en pagar, con 73 días; Murcia, con 66; y la Comunidad Valenciana, con 63. En el otro extremo se encuentran País Vasco, comunidad que “mejor paga a sus autónomos”, en 23 días; Andalucía, con 27 días; la Comunidad Foral de Navarra, que lo hace en 28 días; la Comunidad de Madrid, en 30; y Castilla y León, en 31.
Hay que tener en cuenta, señaló Amor, que “los autónomos con quien más trabajan es con diputaciones provinciales y ayuntamientos”. Por eso, puntualizó, son tan preocupantes los 95 días que tardan las administraciones locales en efectuar el pago a sus proveedores. De las diputaciones y cabildos de España, según el informe, donde peor se paga es en Cádiz, donde se tarda 114 días. A esta le siguen el Cabildo Insular de Lanzarote, con 98 días; la Diputación de Valencia, con 77 días; el Cabildo Insular de Gran Canaria, con 67 días; y la Diputación Provincial de Salamanca, con 66 días.
Del lado contrario, la diputación donde mejor se paga es la de Pontevedra, donde se tarda 17 días; seguida de las diputaciones de A Coruña y Palencia, con 20 días; los cabildos de Córdoba y Segovia, con 24 días; y la Diputación de Huelva y el Cabildo de Gomera, ambos con 25.
En cuanto a ayuntamientos de poblaciones con más de 40.000 habitantes, donde peor se paga es en Jaén, donde un proveedor autónomo debe esperar 589 días para recibir el ingreso por sus servicios. Le siguen Telde, con 457 días; Parla, con 360 días; Jerez de la Frontera, con 322 días; Algeciras, con 309; Chiclana de la Frontera, con 233 días; Vélez Málaga, con 209 días; Granada, con 176 días; y Leganés, con 164 días. Llama la atención que, según figura en el informe, “aunque la administración regional de Andalucía es de las tres que antes pagan a sus proveedores, entre los 10 ayuntamientos que más tarde pagan hay 7 andaluces”. De esos 7, 3 están en Cádiz, puntualizó Amor.
Del lado contrario se encuentran Vigo, donde los proveedores esperan 14 días para ser pagados; Cáceres, donde el pago se efectúa en 22 días; Badajoz, con 23 días; Alicante, con 26; Avilés y Barcelona, ambas con 27 días; Ciudad Real, con 28; y Málaga, Salamanca y Torrent, con 29.
Según analizó el presidente de ATA, “es un problema de gestión, de pensar que un proveedor no puede estar más de un año esperando a cobrar sus facturas cuando trabaja y presta servicio a una administración”. Matizó, además, que el Informe sobre Morosidad “es un informe de pequeños autónomos que tardan más de un año en cobrar de sus proveedores”.
A nivel empresarial, la ley establece igualmente un período medio de pago de 60 días que, según Amor, “en ninguna Comunidad Autónoma se cumple”. Al analizar los periodos de pago de empresas a empresas o a autónomos, el informe valora cómo Extremadura es la comunidad donde más se tarda en pagar: 78 días. Le siguen Cataluña y Canarias, ambas con 76 días; Asturias, con 75 días; y Aragón, con 74. Del otro lado, donde más rápido se paga es en Navarra, en 62 días; seguida de País Vasco, con 63 días; y Baleares y Galicia, donde se tarda 64 días.
Un factor que delimita el periodo de pago de las empresas es su tamaño. Así, el presidente de ATA recordó que “cuanto mayor es el tamaño de la empresa, peor se paga a sus proveedores”. De esta manera, las empresas con más de 1.000 empleados tardan 115 días en pagar, mientras que las compañías de 250 a 1.000 trabajadores lo hacen en 109 días, y las medianas, de entre 50 y 250 trabajadores, en 63. Las pequeñas y microempresas, por su parte, tardan entre 52 (en el caso de las organizaciones que tienen entre 9 y 50 trabajadores) y 47 días (cuando tienen entre 1 y 9 empleados). Entre autónomos, el plazo medio es de 38 días.
En respuesta a estos datos, Amor reconoció que “hay que poner límite y coto a la morosidad, tanto pública como privada”. Para ello, anunció que este jueves, en el Congreso, se va a “constituir la ponencia que tiene que desarrollar una ley sobre un régimen sancionador para combatir la morosidad”. Dicha ponencia “debe marcar, también, un buzón anónimo de morosidad para que cualquier ciudadano pueda denunciar a aquellos que utilizan las malas praxis en materia de morosidad de pago”, afirmó.
“La ley tiene que estar para cumplirse. No puede haber grandes empresas que se estén financiando a costa de sus proveedores”, declaró. De este modo, pidió que “se castigue a quien, de forma reiterada, incumpla los periodos medios de pago”, incluidas esas administraciones que, aseguró, utilizan “trucos” para “enmascarar” esos pagos tardíos.
El presidente de ATA anunció, asimismo, una reunión con la Ministra de Empleo el próximo 2 de julio en los Cursos de Verano de El Escorial. Afirmó también que ATA está realizando las gestiones oportunas para reunirse con Pedro Sánchez y tratar temas como la derogación de la reforma laboral, el régimen sancionador a la morosidad o la existencia de los falsos autónomos. Con respeto a lo primero, consideró que “derogar la reforma laboral es un sinsentido porque derogar lo que funciona no es lógico. Estamos creciendo, hay que corregir los malos usos de la reforma”.
