Las pérdidas económicas derivadas de los retrasos en la gestión de cobros por parte de las compañías a sus proveedores sigue siendo uno de los mayores retos a los que se enfrenta el tejido empresarial español, que se materializa en una pérdida directa del 3% en sus ingresos anuales totales, según se desprende del último Informe Europeo de Pagos emitido por Intrum Justitia, del que informó este martes en un comunicado.
La dificultad financiera y el retraso intencional se posicionan como las causas principales en cuanto a la demora en el pago, siendo las empresas B2B y las operaciones con el sector público las más acusadas.
En su desglose nacional pone el acento en el largo periodo que las empresas acreedoras tardan en reclamar sus deudas: el 43% de ellas tarda más de 30 días; seguidas por el 30% que lo hace entre 31 y 60 días; el 17% de 61 a 90 días; y un 11% de 91 a 180 días. De estos datos se deduce que muchas compañías aceptan plazos de pago más largos, algo que puede derivar en retrasos, impagos y otras cargas.
A la espera de que se haga efectiva por parte del Ministerio de Hacienda la puesta en marcha de un régimen sancionador que endurezca las consecuencias fiscales para aquellas empresas que superen los periodos legales de morosidad –siendo de 60 días el máximo entre el sector privado, y de 30 en el caso de provenir de la administración–, el informe pone de manifiesto las consecuencias derivadas de los mismos.
Así, los empresarios registran con un impacto medio-alto los problemas de liquidez, la pérdida de beneficios y los costes adicionales que les supone no cobrar dentro de los plazos que establece la ley. Además, identifican otras consecuencias igualmente preocupantes, como los despidos o la imposibilidad de nuevas contrataciones. De hecho, el 32% de los preguntados sostiene que podrían incorporar nuevos empleados a sus plantillas en caso de que sus proveedores le pagasen a tiempo.
